Movilización de docentes realizada en Bucaramanga el 30 de Mayo de 2012
Foto tomada de Vanguardia Liberal.
La
Federación
Colombiana
de
Profesores
convoco
a
movilización
nacional
“por
el
respeto
a
la
educación
pública
y
el
magisterio
Colombiano”
para
el
4
y
5
de
Septiembre,
según
FECODE:
“la
jornada
nacional
de
protesta
en
rechazo
a
la
política
neoliberal
y
antisindical
del
presidente
Santos,
para
exigir
el
congelamiento
del
proceso
de
privatización
de
la
educación
y
para
reclamar
el
cumplimiento
de
los
acuerdos
consignados
en
el
acta
final
del
2
de
junio
de
2011
tras
la
negociación
MEN-FECODE”.
En
la
jornada
del
4
de
septiembre
según
comunicación
de
este
organismo,
“el
Comité
Ejecutivo
de
FECODE,
en
compañía
de
una
comisión
de
docentes,
llevó
a
cabo
visitas
a
las
embajadas
de
Argentina
y
Venezuela,
como
símbolo
de
las
cartas
que
se
enviaron
a
las
embajadas
de
los
diferentes
países
con
sede
en
Colombia.
El
objetivo
es
poner
en
conocimiento
a
los
gobiernos
internacionales
a
cerca
de
que
el
gobierno
Santos
faltó
a
los
compromisos
hechos
con
FECODE,
en
los
acuerdos
que
quedaron
firmados
el
año
pasado,
y
que
se
niega
a
un
verdadero
diálogo
con
el
magisterio”.
Para
los
docentes
de
Bucaramanga,
la
educación
pública
colombiana
atraviesa
una
profunda
crisis
originada
en
el
recorte
de
recursos
impuesta
por
dos
reformas
constitucionales
(los
Actos
Legislativos
01
de
2001
y
04
de
2007),
situación que
le
han
quitado
al
sistema
educativo
público,
en
diez
años,
una
suma
cercana
a
los
35
billones
de
pesos
y
se
proyecta
al
2016
otro
tanto.
Estos
recortes
presupuestales
y afectaciones por la política estatal se encuentran evidenciadas en
los siguientes elementos, los cuales fueron expuestos por docentes al
observatorio OMCI, entre ellos:
El
hacinamiento
de
estudiantes
en
las
aulas
con
grupos
que
oscilan
entre
35
y
50
alumnos,
lo
que
impide
una
educación
de
calidad
y
atenta
contra
la
salud
física
y
mental
de
los
estudiantes
y
educadores.
Reducción
de
las
plantas
de
personal
docente
directivo,
docente
y
administrativo
como
consecuencia
de
la
fusión
de
establecimientos
educativos
y
cursos,
pues,
de
45.000
colegios
públicos
en
2001,
se
ha
pasado
a
14.000
en
2011.
Aumento
de
la
jornada
escolar,
que
origina
graves
problemas
de
seguridad
para
los
niños
y
jóvenes
-por
cuanto
el
Estado
no
les
garantiza
transporte-,
quienes
deben
salir
de
sus
casas
a
la
madrugada
para
iniciar
a
las
6:00
a.m
o
terminar
muy
tarde
a
las
7:00
p.m,
y
los
de
la
jornada
nocturna
cerca
de
la
media
noche.
Disminución
del
número
de
docentes
por
grupo
de
alumnos.
En
secundaria
raíz
del
aumento
de
la
asignación
académica,
pues,
de
22
períodos
de
clase
semanales
se
pretende
imponer
24
periodos,
de
tal
suerte
que
por
cada
11
docentes
afectados
por
esta
medida
“sobrará”
uno,
lo
que
a
nivel
nacional
significará
la
desaparición
de
cerca
de
18.000
cargos
docentes.
Desobligación
de
la
Nación
en
el
pago
de
los
servicios
públicos.
El
mantenimiento
de
los
colegios
y
la
planta
de
personal
de
servicios
administrativos
y
generales,
descargando
esta
obligación
sobre
los
presupuestos
de
departamentos
y
municipios
y
como
éstos
carecen
de
recursos,
terminan
trasladando
dichas
responsabilidades
a
los
padres
de
familia.
Imposición
de
estándares,
competencias
y
contenidos
curriculares.
La
escuela
hoy
se
ha
convertido
en
un
instrumento
cuyo
único
propósito
(fallido)
es
la
obtención
de
resultados
en
las
pruebas
de
evaluación.
El
gobierno
ha
logrado
extraerle
1.400.000
niños
a
las
instituciones
públicas
de
educación
para
entregárselos
a
los
intermediarios
administradores
de
los
colegios
en
concesión,
y
dueños
de
colegios
privados
mediante
los
convenios
de
ampliación
de
cobertura,
en
un
descarado
y
antiético
manejo
de
los
recursos
públicos
para
el
enriquecimiento
de
particulares.
La
Ley
1450
de
2011
denominado
Plan
Nacional
de
Desarrollo
decretó
la
desaparición
de
la
educación
preescolar
pública
para
los
niños
de
3
y
4
años,
obligando
a
los
padres
de
familia
a
matricular
sus
hijos
en
instituciones
educativas
de
carácter
privado
y,
lo
que
es
más
grave,
cercenar
este
derecho
a
los
hijos
de
la
inmensa
mayoría
de
los
padres
de
familia
que
no
cuentan
con
los
recursos
económicos
para
pagar
matrículas
costosas.
En
esta oportunidad, y desde las 3 de la tarde, cerca de 1000 docentes
marcharon por Bucaramanga exigiendo
al gobierno nacional respuestas a sus peticiones, entre tanto, el
ministerio de educación nacional no se pronuncia al respecto.
Docentes, estudiantes y administrativos de las diferentes
instituciones educativas esperan que el gobierno nacional actué
frente a la crisis educativa que atraviesa el país.
