-->
El
pasado
3
de
septiembre
la
alcaldía
municipal
de
Bucaramanga
expidió
el
Decreto
0179
por
el
cual
reglamenta
el
proceso
de
recuperación
y
preservación
del
espacio
público,
en
dicho
documento
se
consigna
la
creación
del
Comité
Institucional
de
recuperación,
protección
y
defensa
del
Espacio
Público
del
Municipio
de
Bucaramanga,
entidad
que
estará
a
cargo
del
proceso
decretado
por
el
Alcalde
de
la
ciudad,
Luis
Francisco
Bohórquez.
Según
el
decreto
“la
invasión
del
espacio
público
en
el
municipio
de
Bucaramanga
genera
inseguridad,
hurtos,
riñas
callejeras,
irrespeto
a
la
autoridad,
contrabando,
piratería,
mendicidad,
contaminación
ambiental
y
daño
en
bien
ajeno”,
por
tanto
los
vendedores
en
espacios
públicos
deber
ser
sujetos
a
emplazamiento
y
reubicación.
No
obstante,
los
ambulantes
expresan
sentirse
preocupados
por
las
medidas
al
considerar
que
se
vulnera
su
derecho
al
trabajo.
“A
veces
pareciera
que
estamos
como
un
animal
salvaje
en
áfrica,
que
está
pendiente
de
cuando
tiene
que
salir
corriendo
en
estampida
para
sobrevivir.
Nos
dicen
que
nos
reubicaran
pero
aun
no
sabemos
en
donde
y
si
al
menos
podemos
sostenernos”
expresa
Jorge
Ovando
vendedor
ambulante.
Las
medidas
tomadas
por
la
administración
municipal
se
enfrenta
a
la
penosa
situación
económica
que
afrontan
miles
de
familias,
quienes
a
falta
de
opciones
laborales
o
capacidades
para
ser
tomados
en
cuenta
en
la
oferta
laboral
formal,
no
encuentran
otra
opción
de
empleo
que
el
comercio
de
bienes
y/o
servicios
en
el
espacio
público.
Estimativos
de
asociaciones
de
trabajadores
informales
hablan
de
una
población
de
vendedores
ambulantes,
en
el
Área
Metropolitana,
que
llega
a
sobrepasar
las
7.000
personas,
las
cuales
llegan
a
sostener
mínimamente
a
un
igual
número
de
personas.
“Salimos
todas
las
mañanas
a
mover
la
culebra,
sino
lo
hacemos
no
hay
comida
para
el
día”
expresa
Marcos
Torres
vendedor
ambulante
del
Centro.
Según
el
Dane,
Bucaramanga
ha
alcanzado
la
más
alta
tasa
de
informalidad
del
país,
vista
de
acuerdo
al
tamaño
de
la
empresa,
la
informalidad
alcanza
un
60,6%;
de
acuerdo
a
la
seguridad
social,
es
del
64,0%,
y
por
condiciones
legales
de
trabajo,
es
de
un
aterrador
81,6%.
Bucaramanga
y
su
Área
Metropolitana,
sigue
estando
en
el
lamentable
grupo
de
las
cinco
ciudades
del
país
con
mayores
indicadores
de
informalidad,
una
tasa
de
35.1%
de
sub-empleo
subjetivo.
Frente
a
esta
situación,
y
atendiendo
casos
similares,
en
sentencias
previas
la
Corte
Constitucional
han
demostrado
que
en
el
conflicto
entre
el
disfrute
del
espacio
público
y
el
derecho
al
trabajo
– que
es
uno
de
los
derechos
fundamentales
consagrados
en
la
Constitución
Política
de
1991
– debe
entrar
en
un
proceso
de
concertación
con
las
partes
interesadas
y
afectadas
que
permita
una
buena
organización
del
espacio
público
y
una
reubicación
de
los
trabajadores
informales
en
una
alternativa
que
les
permita
ganar
el
sustento
diario
en
iguales
o
mejores
condiciones
a
las
que
se
encontraban.
Los
vendedores
informales
esperan
sean
atendidas
sus
preocupaciones
y
problemáticas
según
lo
dictas
la
constitución,
pues
llevan
más
de
10,
20
y
40
años
trabajando
en
las
calles,
para
los
cuales
el
desalojo
implicaría
restringirles
el
único
medios
de
vida.
Entre
tanto,
y
para
conocer
la
situación
de
los
vendedores
ambulantes,
la
administración
adelanto
durante
los
primeros
meses
de
2012
en
cabeza
de
la
Dirección
Administrativa
de
espacio
público
una
encuesta
aplicada
a
cerca
de
1.300
ambulantes
en
Bucaramanga;
posteriormente
fue
publicado
en
la
página
oficial
de
la
alcaldía
de
Bucaramanga
los
nombres
de
las
1.300
personas
encuestadas
que
serán
emplazadas,
dando
un
plazo
de
cinco
días
para
presentarse
y
“ejercer
su
derecho
a
defensa
dentro
del
proceso
que
adelante
la
secretaria
del
interior”.
Antes
de
darse
a
conocer
esta
decisión,
los
medios
de
comunicación
aseguraron
que
el
trabajo
ambulante
generaba
grandes
ganancias.
Cristian
Niño
trabajador
de
la
carrera
16
del
centro
de
la
ciudad
se
expresa
al
respecto:
“mire
yo
por
lo
menos
tengo
2
niños,
mi
cuñado
Rafael,
tiene
3,
ahí
sacaron
una
encuesta
donde
supuestamente
nos
ganamos
1
millón
de
pesos
mensual
pero
no
que
no
saben
es
que
a
nosotros
nos
toca
cubrir
muchas
cosas
y
que
hay
días
que
no
ganamos
prácticamente
nada.
La
otra
vez
nos
desalojaron
de
acá
con
golpes
y
patadas
y
gases,
y
nos
tuvieron
3
meses
en
quietos
y
quebré,
y
luego
nos
tocó
acomodar
como
podíamos
para
poder
volver
a
trabajar,
prestarle
plata
a
uno
y
a
otro,
quedar
endeudados,
sacar
medio
bulto
fiado,
y
así
para
poder
ir
haciendo
de
nuevo
una
basecita
para
poder
seguir.
Ahora
que
dicen
otra
vez
que
nos
van
a
sacar,
¿quién
le
va
a
dar
de
comer
a
mis
hijos?
¿Será
que
el
alcalde
me
va
a
llevar
a
vivir
a
la
casa
de
él?
Yo
sé
hacer
muchas
cosas
como
zapatería,
pintura,
panadería...
pero
vaya
a
ver
si
trabajando
en
eso
uno
puede
ganar
el
sustento
como
acá,
pues
no
porque
eso
ya
está
muy
lleno
de
gente.”
En
resolución
0544
de
2012,
la
administración
municipal
ofrece
“alternativas
económicas
y
programas
existentes
tendientes
a
mitigar
el
impacto
que
sobre
sus
derechos
genera
las
actuaciones
policivas
que
se
llegaren
a
adelantar
para
recuperar
el
espacio
público”,
entre
ellas
la
reubicación
en
centros
comerciales
y
plazas
de
mercado
propiedad
del
municipio,
entre
ellos,
el
centro
comercial
Feghali,
San
Bazar,
Asovesan,
San
Andresito
Centro,
Plaza
Mutis
y
Plaza
Alberto
Rueda
Kennedy;
y
la
participación
en
ferias
y
mercados
populares.
Así
mismo,
ofrece
planes
de
capacitación
en
el
SENA,
IMEBU
y
la
Universidad
del
Pueblo.
Además,
según
la
resolución
los
vendedores
ambulantes
serán
priorizados
en
programas
de
vivienda
prioritario
y
de
interés
social,
que
les
permita
acceder
“una
vez
el
vendedor
informal
haya
cumplido
con
los
requisitos
y
sea
adjudicatario
de
un
subsidio
por
parte
de
una
caja
de
compensación
o
de
Fonvivienda,
el
municipio,
de
manera
prioritaria
a
través
del
INVISVU,
otorgara
un
subsidio
complementario
de
vivienda
para
el
núcleo
familiar”.
Para
Gonzalo
Martínez
las
alternativas
no
son
muy
favorables,
expresa:
“el
Feghali
es
muerte
y
más
para
nosotros
que
vendemos
es
mercado
en
las
calles,
¿quién
va
a
ir
a
comprar
por
allá?
De
alguna
cosa
tendremos
que
vivir,
ahora
nos
quitan
el
pan
diario,
no
queremos
guerra
decimos
todos,
estamos
en
paz
supuestamente,
pero
la
administración
sí
viene
a
agredirnos,
que
nos
quiten
el
pan
no
es
paz,
la
otra
vez
vinieron
los
de
la
policía
y
le
dijeron
a
mi
mujer,
que
estaba
embarazada,
que
si
querían
le
sacaban
el
chino,
estando
ella
embarazada,
¿eso
es
paz?”.
Por
el
momento,
y
según
lo
previsto
en
el
decreto
0179,
el
proceso
continúa
avanzando
esta
vez
en
su
tercera
etapa,
en
la
cual
son
informados
de
las
opciones
para
reubicación.
El
plazo
dado
por
la
administración
es
el
27
de
Septiembre,
quienes
se
acojan
a
los
ofrecimientos
deberán
inscribirse
en
el
Coliseo
Peralta.
Estas
medidas
fueron
adoptadas
por
administraciones
anteriores,
las
cuales
han
sido
obsoletas
e
incapaces
para
tratar
el
tema.
Si
recordamos,
fue
en
1998
que
se
inicio
el
proyecto
de
traslado
de
vendedores
ambulantes
en
la
ciudad,
durante
la
alcaldía
de
Luis
Fernando
Cote
Peña.
Para
el
caso,
se
construyo
el
centro
comercial
Feghali
donde
fueron
reubicados
los
vendedores
que
se
encontraban
ubicados
entre
la
calle
37
y
la
calle
41
entre
la
carrera
14
con
carrera
15.
De
la
misma
forma,
el
centro
comercial
San
Bazar
reubico
las
antiguas
casetas
amarillas
que
se
encontraban
ubicadas
por
las
avenidas
principales
de
la
ciudad,
las
cuales
aún
continúan.
La
preocupación
que
inunda
por
estos
días
a
los
vendedores
ambulantes
no
suscribe
solamente
la
indolencia
de
las
administraciones
respecto
a
la
violación
del
derecho
al
trabajo,
sino
por
el
contrario
la
preocupación
que
genera
ofrecerles
alternativas
que
no
atienden
la
inmediatez
de
sus
necesidades.
Los
ofrecimientos
de
la
alcaldía
son
oportunos
para
solventar
algunas
de
las
múltiples
preocupaciones,
pero
ellas
son
de
largo
aliento.
Las
necesidades
diarias
de
sustento
son
la
queja
que
más
preocupa
y
que
más
se
olvida.
Entre
tanto,
la
discusión
planteada
la
corte
constitucional
requiere
ser
abordada
rápidamente,
en
aras
de
lograr
ubicar
alternativas
concretar
que
permita
ganar
el
sustento
diario
en
iguales
o
mejores
condiciones
a
las
que
se
encontraban,
y
por
ende
hacer
efectivo
el
derecho
a
la
vida
de
los
vendedores
ambulantes.
