El
pasado
1
noviembre,
docentes
de
los
departamentos
de
Santander,
Norte
de
Santander
y
la
Guajira
realizaron
un
plantón
frente
a
las
instalaciones
de
la
fundación
medico
preventiva
que
presta
los
servicios
de
salud.
Los
docentes
quienes
fueron
convocados
por
la
Federación
Colombiana
de
Educadores,
salieron
a
protestar
por
la
defensa
de
la
salud
y
de
la
vida
de
los
maestros
del
país.
Los
objetivos
centrales
de
esta
jornada
nacional
tienen
que
ver
con
dos
de
los
acuerdos
incumplidos
por
el
gobierno
en
el
proceso
de
negociaciones
del
año
anterior.
Con
relación
al
derecho
a
la
vida.
Fecode
rechaza
la
violación
flagrante
a
los
derechos
humanos
del
magisterio.
Siguen
asesinando
maestros
en
todo
el
país,
en
un
ambiente
de
amenazas,
miedo
y
represión.
El
gobierno,
contrario
a
aportar
una
solución,
emitió
el
Decreto
1628
del
31
de
julio
de
2012,
que
dilata
los
procesos
de
protección
y
complica
la
seguridad
de
los
educadores
y
educadoras
amenazadas.
Desde
su firma hasta la fecha han sido asesinados 5 docentes, de los 10
homicidios que van este año. Incluso, en uno de los casos, un
docente cordobés tenía un cuadro de riesgo y, a pesar de las
evidencias, este le fue retirado; poco tiempo después le quitaron la
vida. Fecode exige la derogatoria de este nefasto decreto y garantías
al derecho a la vida y la integridad física del cuerpo docente
colombiano.
En
otro
punto,
este
referido
a
la
atención
integral
en
los
servicios
médico
-
asistenciales
para
los
docentes
y
sus
familias.
El
gobierno
se
comprometió
a
garantizar
la
sostenibilidad
financiera
de
los
contratos
de
salud
y,
bajo
ese
acuerdo,
se
aprobaron
los
actuales
contratos
para
la
vigencia
2012-2016,
que
iniciaron
el
1º
de
mayo
pasado
con
los
recursos
deficitarios
para
la
atención,
ya
que,
pese
a
haberse
sustentado
en
un
estudio
por
parte
del
Centro
de
Investigación
para
el
Desarrollo
de
la
Universidad
Nacional
donde
se
demuestra
que
los
contratos
anteriores
tenían
un
déficit
de
presupuesto,
el
gobierno
hizo
caso
omiso
a
su
palabra
y,
hoy,
dilata
el
proceso
para
asegurar
la
sostenibilidad
financiera
por
más
de
un
año.
En
consecuencia, las quejas por la prestación del servicio se han
multiplicado en todo el país; lejos de mejorar, las nuevas
condiciones se han agravado y lo especial del régimen de salud se
quedó en el papel. Las prestadoras de servicios de salud se
justifican en que los dineros no alcanzan, pues el gobierno destina
casi el 50% de los aportes para salud a otros destinos. Por ello, se
presentan casos como que los únicos medicamentos que se recetan son
ibuprofeno y acetaminofén o las demoras eternas por conseguir una
cita con un especialista.
Fecode
le propuso al Ministerio la implementación de auditorías, manejadas
por personal externo, para vigilar la operación y el cumplimiento de
lo estipulado en los contratos. Con ese fin se ha conformado una red
de veedores de los servicios de salud, con un veedor por institución
educativa.
Esa
red
debe
estar
articulada
con
las
auditorías
externas.
No
obstante,
el
trabajo
de
los
veedores
será
en
vano
hasta
que
el
gobierno
no
dé
el
aval
para
realizar
las
auditorías.
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